sábado, 19 de enero de 2013

FUNAM denuncia penalmente a los funcionarios provinciales y nacionales y a la ASO

Córdoba (Argentina), 18 de enero de 2013

 Piden a Justicia Federal investigar ilegalidad Rally Dakar en Argentina


FUNAM denunció penalmente en Argentina a funcionarios de las provincias de Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca, a funcionarios nacionales y a directivos de la empresa francesa ASO.

El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo, presentó ayer el pedido de investigación penal en la Fiscalía Federal n° 1 de la ciudad de Córdoba que está a cargo de Enrique Senestrari. El abogado patrocinante de FUNAM es el Dr. Alejandro Zeverin.

Las figuras que se investigarán son las de incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, ambas previstas en el Código Penal de Argentina.

Montenegro indicó que el Rally Dakar 2013 "fue ilegal en Argentina porque se realizó sin que antes fueran cumplidas todas las leyes sobre Evaluación de Impacto Ambiental y sin que cada provincia hiciera audiencia pública. Lo mismo ocurrió con los aportes económicos entregados por el Estado a la empresa francesa ASO o sus representantes en Argentina, y con el apoyo logístico brindado por los gobiernos provinciales y la Nación. Los funcionarios tomaron decisiones y entregaron fondos antes que estuvieran debidamente concedidas las autorizaciones".

"Todo parece indicar que pese al tremendo impacto ambiental del Dakar, con casi 470 vehículos en movimiento, lo más importante en Argentina no fue cumplir las leyes y proteger a las personas y el ambiente, sino cuidar tanto el rédito político que creen obtener los gobernantes como el cuantioso negocio privado de ASO", sostuvo Montenegro.

En 2011 FUNAM denunció judicialmente las gravísimas infracciones de tránsito cometidas por los competidores del Dakar en Córdoba. Las pruebas fotográficas de esta conducta criminal fueron y siguen siendo publicadas por medios de todo el mundo.

Córdoba (Argentina), 18 de enero de 2013.- La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, cuestionó judicialmente la legalidad del Rally Dakar 2013 en Argentina y denunció penalmente a funcionarios de las provincias de Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca, a funcionarios nacionales, y a directivos de la empresa francesa ASO.

El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo, presentó hoy el pedido de investigación penal en la Fiscalía Federal n° 1 de la ciudad de Córdoba que está a cargo de Enrique Senestrari. El abogado patrocinante de FUNAM es el Dr. Alejandro Zeverin.

Las figuras que se investigarán son las de incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, ambas previstas en el Código Penal de Argentina.

El Dr. Raúl Montenegro indicó que el Rally Dakar 2013 "fue ilegal en Argentina porque se realizó sin que antes fueran cumplidas todas las leyes sobre Evaluación de Impacto Ambiental y sin que cada provincia hiciera audiencia pública. Lo mismo ocurrió con los aportes económicos entregados por el Estado a la empresa francesa ASO o sus representantes en Argentina, y con el apoyo logístico brindado por los gobiernos provinciales y la Nación al Rally Dakar. Los funcionarios tomaron decisiones y entregaron fondos antes que estuvieran debidamente concedidas las autorizaciones".

"En lugar de un Rally Dakar ajustado a la leyes hubo funcionarios y organismos públicos provinciales y de la nación que manejaron las normas a su antojo, o simplemente las ignoraron. Los propios documentos públicos delatan la falta de seriedad del Estado. El Consejo Federal del Ambiente (COFEMA), donde están representados los gobiernos de todas las provincias de Argentina y la Nación, tras reconocer 'los múltiples problemas experimentados en las ediciones anteriores del evento' obligó a la empresa organizadora a presentar 'de manera obligatoria' estudios de impacto ambiental. Lo poco serio es que la Resolución 237 del COFEMA fue aprobada el 6 de diciembre de 2012, apenas un mes antes de que comenzara el Rally Dakar 2013”, indicó.

 "El tramo argentino del Rally Dakar 2013 se concretó en siete provincias, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca, cada una de ellas con normas ambientales propias. Pero el COFEMA y la Secretaría de Ambiente de la Nación no hicieron un seguimiento para asegurarse que la totalidad de las provincias completara las Evaluaciones de Impacto Ambiental, realizara las audiencias públicas y autorizara o no el Rally Dakar. Los gobiernos actuaron más como aliados de los organizadores y de la competencia que como custodios de la gente y del ambiente".

 "Todo parece indicar que pese al tremendo impacto ambiental del Dakar, con casi 470 vehículos en movimiento, lo más importante en Argentina no fue proteger a la sociedad, el ambiente y las cuencas hídricas, sino cuidar tanto el rédito político que creen obtener los gobernantes como el cuantioso negocio privado de ASO", agregó Montenegro.

Un agravante adicional es que durante la realización de la competencia muchos organismos de Ambiente provinciales estaban en receso por todo el mes de enero. "Es el caso de la provincia de Córdoba, donde la Secretaría de Ambiente tiene previsto reiniciar sus actividades en febrero del 2013. No hubo personal para receptar las denuncias por daños, ni personal encargado de mantener informadas a vecinos potencialmente afectados por la competencia", indicó FUNAM.

En 2011 FUNAM denunció judicialmente las gravísimas infracciones de tránsito cometidas por los competidores del Rally Dakar en Córdoba (Argentina). Las pruebas fotográficas de esta conducta criminal fueron y siguen siendo publicadas por medios de todo el mundo.

La amplia cobertura internacional de esa acción judicial hizo que la empresa ASO agregara más restricciones en sus reglamentos sobre cumplimiento de normas de tránsito. La Justicia Provincial obligó además al gobierno de Córdoba para que sancionara a los competidores.

"Lamentablemente, los organizadores de la competencia y muy especialmente el director del Rally Dakar, Etienne Lavigne, recién reaccionaron cuando las fotos de las infracciones que tomó Nayla Azzinnari, recorrieron el mundo. Hasta enero del 2011 hubo una piedra libre total para violar normas de tránsito", indicó el abogado Alejandro Zeverin, quien también patrocinó a FUNAM en esa causa.

 "Esto resulta inquietante", agregó Raúl Montenegro "Mientras el público no conozca los graves impactos humanos y ambientales del Rally Dakar –que ya se perciben en nuestra América del Sur- el circo se mantendrá. Antes fue expulsado de África, donde la victoria de un corredor era más importante que la vida de un niño atropellado. Ahora la resistencia está creciendo en América Latina a fuerza de manifestaciones, acciones judiciales y sobre todo, la visibilidad de sus procedimientos coloniales. Aquí también el Rally Dakar tiene sus años contados".


Gente del Norte jugando a la aventura en el Sur

 El Dr. Raúl Montenegro indicó que "nuevamente los países del Norte nos usan para sus juegos peligrosos y sus negocios. A los organizadores no les importa que muchas de las regiones y países latinoamericanos por los cuales circula el Rally Dakar enfrenten graves situaciones ambientales, alberguen yacimientos arqueológicos y paleontológicos únicos, o sean el lugar de vida de comunidades a quienes nunca se consultó si querían ser invadidas por motos, autos, cuadriciclos y camiones. Pero las expresiones de protesta se multiplican. A las críticas del Colegio de Arqueólogos de Chile se han ido sumando los duros cuestionamientos de comunidades indígenas patagónicas (que hicieron cambiar tramos de anteriores competencias), del Centro de Interpretación del Mundo Andino en Argentina y del Museo Paleontológico Meyer Hönninger de Lima, en Peru".

 "Hasta tanto el Rally Dakar sea reconsiderado por los pueblos y gobiernos de América Latina lo que no podemos aceptar es que las competencias en Argentina se decidan y realicen en abierta violación a normas vigentes y sin audiencias públicas, y que el Estado financie a la empresa francesa ASO. Para romper este ciclo de impunidad FUNAM decidió denunciar penalmente a funcionarios de siete gobiernos provinciales, al gobierno nacional y a la propia empresa ASO. La Justicia tiene ahora la palabra".

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